Andrés Cisneros
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló que los policías municipales encargados de la seguridad del fallecido alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, no se encuentran detenidos por ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, aclaró que los escoltas continúan colaborando activamente con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, acudiendo a declarar cada vez que son requeridos por las autoridades ministeriales.
Durante su participación en “La Mañanera del Pueblo” de este martes, Harfuch precisó que los elementos involucrados se mantienen localizados y bajo observación judicial, en tanto la fiscalía estatal continúa revisando los peritajes balísticos y las pruebas del arma utilizada en el asesinato del edil. “No están detenidos, pero están yendo a declarar cada que se les llama”, detalló el funcionario federal, reafirmando la disposición de las autoridades a esclarecer un caso que ha generado conmoción en el estado y en el país.
El secretario de Seguridad también informó que la Fiscalía de Michoacán mantiene el control de las investigaciones y que, por el momento, no ha sido atraída por la Fiscalía General de la República (FGR). No obstante, confirmó que ya sostuvo una comunicación con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y que en los próximos días se realizará una valoración para determinar si el caso pasa al ámbito federal. “Será decisión de la FGR si se atrae o no la investigación, pero por ahora corresponde a la fiscalía estatal continuar con las indagatorias”, indicó Harfuch.
En cuanto a los avances del caso, la FGE de Michoacán confirmó la participación de un joven originario de Paracho en el ataque que terminó con la vida del alcalde Manzo Rodríguez, crimen que continúa bajo la hipótesis de delincuencia organizada. No obstante, el propio Harfuch reconoció que tampoco se descarta la posibilidad de un “crimen político”, dada la naturaleza del atentado y las circunstancias que lo rodearon. “Se están explorando todas las líneas de investigación”, afirmó.
El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) complementó la información señalando que, en respuesta a la vulnerabilidad de funcionarios y servidores públicos, la Guardia Nacional ha desplegado 70 escoltas y más de 450 elementos operativos bajo un nuevo esquema de seguridad. Dicho protocolo, implementado desde octubre de 2024, exige análisis de riesgo, evaluación del nivel de amenaza y autorización formal antes de asignar escoltas o personal de protección a funcionarios estatales y municipales.
El asesinato del alcalde Carlos Manzo ha encendido las alarmas en torno a la violencia política en Michoacán, un estado que históricamente ha enfrentado altos índices de inseguridad y presencia del crimen organizado. Las declaraciones de Harfuch buscan dar certeza a la ciudadanía y confianza en que las instituciones están coordinadas para garantizar justicia en un caso que ha puesto en evidencia la creciente vulnerabilidad de las autoridades locales.
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