Ximena Solís
En Puebla, el llamado cártel del despojo ha dejado una estela de dolor, incertidumbre y pérdida para cientos de familias. Se trata de un entramado de corrupción inmobiliaria que, mediante fraudes, falsificación de documentos, tráfico de influencias y resoluciones judiciales manipuladas, se apropia ilegalmente de propiedades legítimas, dejando a sus dueños sin hogar ni patrimonio.
El modus operandi ha sido señalado en múltiples denuncias hechas en redes sociales y algunos medios periodisticos Poblanos: se fabrican juicios, se manipulan registros y, con la complicidad de ciertos funcionarios y operadores judiciales, se legitiman despojos que destruyen la vida de personas y empresas. Entre los nombres que han comenzado a mencionarse de forma recurrente en este contexto, destaca el del juez séptimo de lo mercantil en Ciudad Judicial Puebla, Humberto Borja Sánchez, y el señor José Tomás Hernández Perez a quien señalamientos públicos vinculan con resoluciones favorables a este entramado.
El gobernador Alejandro Armenta ha reconocido la gravedad de la situación y ha anunciado medidas para enfrentar de manera frontal a estos grupos criminales. Entre las acciones en curso, se contempla el impulso de una Ley contra el Cártel del Despojo, una herramienta que, de aprobarse, permitirá endurecer penas, blindar procesos judiciales y cerrar vacíos legales que hasta ahora han sido explotados por las redes del crimen inmobiliario.
La propuesta no se limita a endurecer la ley. También se plantea la depuración de instancias judiciales y administrativas, así como el fortalecimiento de mecanismos de vigilancia interna. El objetivo es garantizar que quienes imparten justicia lo hagan con integridad y sin vínculos con estos grupos delictivos.
Armenta ha sido enfático: no habrá tolerancia para jueces, notarios, servidores públicos o particulares que participen en este tipo de crímenes. Y aunque el reto es enorme —pues se trata de redes con influencia política, económica y legal—, el primer paso es reconocer que el problema existe y que ha estado operando durante años con un alto grado de impunidad.
El cártel del despojo no es un delito menor. Atenta contra uno de los derechos humanos más básicos: el derecho a la propiedad. Destroza el patrimonio de familias enteras y socava la confianza en las instituciones. Por ello, su combate no es solo una cuestión de seguridad o de justicia, sino un asunto de dignidad y de reconstrucción social.
Hoy, la ciudadanía espera que las acciones anunciadas por el gobierno estatal no se queden en el discurso. Las víctimas necesitan respuestas concretas, restitución de sus bienes y castigo para quienes los despojaron. Y, sobre todo, se requiere que las estructuras que permiten este crimen sean desmanteladas de raíz.
La presión pública, las denuncias mediáticas y la voluntad política deberán converger para que este capítulo de corrupción inmobiliaria en Puebla llegue a su fin. De lo contrario, el cártel del despojo seguirá operando, con nuevos rostros, pero con las mismas prácticas que han lastimado a tantos poblanos. Igual incluso pueda destapar varias cañerias del cartel inmobiliario.
About the Author
